La reforma de la LSSI obliga a los prestadores de servicios a retirar contenidos "presuntamente ilícitos" a solicitud de la SGAE y entidades análogas.

El Consejo de Estado califica el anteproyecto como restrictivo de la libertad de uso de Internet. La Asociación de Internautas considera que el anteproyecto de Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, LISI, es un grave ataque a Internet.

10-04-2007 - La Comisión de Subsecretarios, paso previo a su consideración por el Consejo de Ministros, debatirá, muy posiblemente el próximo miércoles el nuevo anteproyecto de LSSI que el propio Consejo de Estado califica como "restrictivo de la libertad de uso de Internet". Ni el CATSI ni las asociaciones de Internautas han recibido ningún tipo de información al respecto.

Después de los intentos de que la Administración pudiera solicitar el bloqueo de contenidos de las páginas web, el nuevo texto obliga a los prestadores de servicios, a bloquear o deshabilitar los contenidos presuntamente ilícitos a petición de la SGAE y entidades análogas.

El anteproyecto convierte a la SGAE y entidades análogas en órganos "judiciales" capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos "ilícitos" por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras.

La medida no sólo alcanza a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales, sino incluso que se extiende hasta los ordenadores de particulares ( Programas "P2P").

A pesar de la gran trascendencia del cambio que el anteproyecto incorpora ni las asociaciones de usuarios ni el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información han sido consultados, tal y como lamenta el Consejo de Estado y solicita en consecuencia pide un debate en profundidad sobre fondo de este asunto.

Pero lo más grave es que el anteproyecto representa, en palabras del Consejo de Estado, una restricción de la libertad de uso de Internet